ESTADÍSTICAS EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

64.6% de las empresas consideró que el principal motivo por el que se suscita la corrupción es para “agilizar algún trámite”.

En los trámites o servicios con autoridades de seguridad pública y justicia fue donde se observaron las mayores prevalencias de corrupción en 2016.

En 2016, 1 093 unidades económicas sufrieron de actos de corrupción por cada 10 mil empresas a nivel nacional.

Fuente: INEGI

INTRODUCCIÓN

La corrupción puede definirse como un acto que deviene de una serie de desvíos de acuerdos y valores relativamente aceptados dentro de una sociedad o grupo de individuos, en el cual se toma ventaja inapropiadamente de una determinada posición en ese conjunto de relaciones.[i] Desde el ámbito de las instituciones públicas, es un fenómeno social que involucra un entramado de relaciones de poder entre diferentes actores para desviar los fines del poder público hacia la obtención de beneficios particulares.[ii]

La corrupción amenaza el desarrollo sostenible de los países, distorsionando los mercados e inhibiendo las decisiones de inversión, además de que es violatoria de los derechos humanos.[iii] La corrupción está presente tanto en países desarrollados como en países en desarrollo y no está restringido al sector público, sino que también se manifiesta en ámbitos privados.[iv]

Este fenómeno puede tener alcance a pequeña o a gran escala. La primera en el espacio público se manifiesta cuando grandes compañías establecen deliberadamente redes para influir directamente en las decisiones que toma el gobierno a través de pagos ilícitos a funcionarios públicos o políticos.[v] La segunda tiene lugar en la sociedad en general, y se produce cuando la gente o las empresas pagan un soborno por obtener acceso a un servicio público.

Con el fin de crear consciencia del impacto que tiene este fenómeno social para el pleno desarrollo de los individuos y organizaciones, en el año 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la cual se decidió asignar el 9 de diciembre como el Día Internacional en Contra de la Corrupción, destacando así el compromiso de la Convención para hacer visible el tema.[vi]

En el marco de esta conmemoración, se presenta la situación de la percepción, incidencia y prevalencia de los actos de corrupción a pequeña escala, centrándose en los niveles generales de corrupción y en las experiencias de corrupción de las unidades económicas. Además, se hace referencia a las estrategias de anticorrupción que los gobiernos estatales han emprendido para prevenir este problema.

La información analizada proviene de diferentes proyectos estadísticos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con el uso  de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) se analizan las experiencias de actos de corrupción de la población de 18 años o más en ciudades urbanas; a través de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) se presenta información de las experiencias de actos de corrupción en las que estuvieron involucradas unidades del sector privado al efectuar trámites, pagos, solicitudes e inspecciones que exigen o aplican los diferentes ámbitos de gobierno. Finalmente, mediante el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales se obtuvo información de las medidas administrativas que las administraciones públicas estatales llevan a cabo para mitigar este fenómeno.

PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA POBLACIÓN

Las percepciones que la población tiene sobre un determinado fenómeno se crean según la experiencia personal que se ha tenido al tratar directamente con el asunto o a través de las experiencias, ideas, e información, que son transmitidos por familiares, conocidos, medios de comunicación, entre otros. [vii] En 2015, la mitad de las personas de 18 años y más consideraron que la corrupción es el segundo mayor problema que enfrentan sus entidades federativas, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.

Aunado a lo anterior, 88.8 por ciento de la población consideró que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales.

La percepción está influenciada por los hechos de corrupción de los que la población es víctima, los cuales pueden ser medidos a través de la prevalencia o de la incidencia. Durante el año 2015, en el país hubo 12 590 personas que estuvieron involucradas en algún evento de corrupción al solicitar cierto trámite o servicio público por cada cien mil habitantes de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público. En ese año, a nivel nacional se llevaron a cabo 30 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, lo que indica que a nivel nacional cada víctima de corrupción experimentó alrededor de 2.4 actos de corrupción.

El análisis por entidad federativa reveló diferencias importantes entre estados. Las tasas de prevalencia de corrupción más altas se encontraron en los estados de Morelos con 20 092 víctimas por cada cien mil habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público; en Sinaloa, 18 144; en Chihuahua, 17 621; en Michoacán, 16 321 y en la Ciudad de México con 16 167 víctimas de corrupción. Los menores niveles se observaron en los estados de Zacatecas y Veracruz con 6 810 y 6 952 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Esto significa que una persona en Morelos que entra en contacto con un servidor público para la solicitud de un trámite o servicio tiene tres veces más probabilidad de ser víctima de corrupción que si el trámite fuera realizado en Zacatecas.

Con relación a la frecuencia de los actos de corrupción, la entidad con mayor cantidad de eventos de corrupción fue el Estado de México con 62 160 por cada 100 mil habitantes mayores de edad que tuvieron contacto con algún servidor público, seguido por Sinaloa con 58 232 hechos de corrupción. En contraparte, en Colima y Nayarit se presentaron menos de 10 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes que solicitaron algún trámite o servicio público. Lo que indica que en el Estado de México o Sinaloa se presentaron 6 hechos de corrupción por cada caso registrado en Colima o Nayarit.

PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS SOBRE CORRUPCIÓN

Diversos estudios[viii],[ix],[x],[xi],[xii],[xiii] han demostrado que la corrupción tiene impactos negativos en las actividades que realizan las empresas que se manifiestan de diferentes formas, incide por ejemplo en la eficiencia productiva de ciertos sectores de la economía, distorsiona la asignación de recursos hacia fines productivos, o introduce elementos de incertidumbre con relación a los derechos de propiedad y garantías de inversión. Esto reduce la rentabilidad y los incentivos empresariales a la inversión, provocando con ello un efecto de expulsión de la inversión productiva que afecta el funcionamiento general de la economía de un país.

En el año 2016 se publicó en México la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la primera en su tipo que brinda información sobre la percepción, experiencia y satisfacción de las unidades económicas respecto a los trámites y servicios ofrecidos por el gobierno. A partir de esta información se puede analizar la experiencia de corrupción de las unidades económicas en el país.

Para el sector privado, la corrupción en el país se encuentra entre los cinco principales obstáculos para el crecimiento de las empresas. De acuerdo a la encuesta, 17.6% de los establecimientos la ubican entre los tres problemas más importantes que aquejan en la entidad donde radican, después de los problemas como la inseguridad, la delincuencia, el aumento de precios de los insumos o el entorno económico de la entidad.

Similar a lo manifestado por la población, a nivel nacional 82.2% de las unidades económicas consideraron que la corrupción ocurre con frecuencia o mucha frecuencia entre los empleados de gobierno o servidores públicos.

Cabe resaltar que 64.6% de los establecimientos consideraron que se ven orillados a participar en actos de corrupción con el fin de agilizar algún trámite; 39.4% señaló que otro motivo importante para propiciar un acto de corrupción es para evitar multas o sanciones, y 30.7% mencionó que el obtener licencias o permisos son también motivo de corrupción. Por su parte, menos del 15 por ciento de las empresas consideraron que la corrupción se presenta para ganar contratos gubernamentales o para participar en licitaciones.

EXPERIENCIAS DE CORRUPCIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS

En el año 2016, la tasa de prevalencia de corrupción en el sector privado fue de 1 093 establecimientos partícipes de al menos un acto de corrupción por cada 10 mil unidades económicas que realizaron al menos un trámite o fueron sujetas a una inspección, sin incluir a las unidades económicas de tamaño micro.[xiv]

Por entidad federativa, Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Puebla, Nayarit y Ciudad de México fueron los estados que presentaron las mayores prevalencias de eventos de corrupción en la interacción de las empresas con el gobierno, con tasas de más de 1 500 establecimientos por cada 10 mil. En cambio, los menores niveles se observaron en Querétaro, Nuevo León, Durango, Tamaulipas e Hidalgo con menos de 700 establecimientos víctimas de corrupción por cada 10 mil.

De esta forma, una empresa en Quintana Roo tiene 3.7 veces más probabilidades de participar en algún acto de corrupción que una empresa que solicita trámites o servicios en el gobierno de Querétaro.

Al analizar la prevalencia de corrupción por sector de las empresas, se encontró que las empresas del sector industrial tuvieron la tasa de corrupción más alta con respecto a los establecimientos de los sectores de comercio y de servicios, con 755 unidades económicas víctimas de corrupción por cada 10 mil empresas.

Al comparar la prevalencia de corrupción por tamaño del establecimiento, se observa que conforme aumenta el tamaño de la unidad económica, la probabilidad de que una unidad económica se encuentre en una situación de corrupción es mayor. Con una tasa de 1,317 unidades víctimas de corrupción por cada 10 mil unidades económicas, los establecimientos de tamaño grande tuvieron en 2016 dos veces más probabilidad de participar en un acto de corrupción que las micro empresas, cuya tasa de prevalencia fue 534 establecimientos por cada 10 mil.

EXPERIENCIAS DE CORRUPCIÓN DE LAS EMPRESAS POR TIPO DE TRÁMITE

Para que las empresas puedan funcionar, tienen que cumplir con una serie de reglas y normas que son establecidas por el Estado con el fin de regular diversos aspectos del funcionamiento de las empresas. Entre estos se encuentran los bienes y servicios públicos que requieren las empresas para llevar a cabo sus actividades, ya sea por ejemplo la obtención de un permiso o licencia para operar, trámites para el pago de impuestos, o realizar gestiones para la resolución de controversias ante una instancia judicial.

Cuando la regulación y los trámites son excesivos, no solo impacta negativamente en la   competitividad de las empresas, sino también crea condiciones para incentivar la corrupción.[xv] De los 8.3 millones de trámites, pagos y solicitudes de servicios que realizaron las empresas en México durante el 2016, en 3.8 por ciento de ellos las empresas fueron víctimas de algún acto de corrupción.

Al analizar la desagregación por la naturaleza o tema del trámite se encontró que, del total de trámites realizados ante autoridades de seguridad pública, o de procuración de justicia para el inicio o seguimiento de una averiguación previa, fue donde se observaron los mayores actos de corrupción con 44.5% y 30.6%, respectivamente. Los procesos y juicios laborales y mercantiles[xvi] también presentaron altas prevalencias de corrupción con 24.9 por ciento de los trámites.

Por el contrario, los trámites relacionados con responsabilidades patronales,[xvii] con temas fiscales[xviii] y los concernientes a servicios públicos básicos[xix] fueron los que presentaron las menores prevalencias de corrupción, con menos de 2 de cada 100 trámites en estos temas.

Bajo esta desagregación, es en la interacción con las autoridades de seguridad y justicia donde se observan con mayor frecuencia actos de corrupción.

Otro aspecto de la regulación al que están sujetas las unidades económicas son las inspecciones, que están a cargo de las autoridades de diferentes dependencias federales y estatales que cuentan con facultades para vigilar el cumplimiento de la legislación y aplicar sanciones en los casos que procedan. Las inspecciones consisten en promocionar y vigilar el cumplimiento de las leyes y normas; estas pueden ser llevadas a cabo de manera presencial en los establecimientos, o bien, a través del uso de las tecnologías de la información, mediante requerimientos documentales, o evidencia respecto a las condiciones y requisitos de operación.

Entre las inspecciones que suelen realizarse están las de protección civil, que verifican la implementación de medidas de seguridad y de prevención de accidentes; las inspecciones por parte de la Secretaria del trabajo, la cual verifica que las actividades laborales se efectúen bajo condiciones físicas adecuadas de seguridad e higiene; inspecciones del IMSS que corroboran la cobranza de aportaciones a la seguridad social, revisión de derechos laborales y riesgos de trabajo; y las inspecciones de medio ambiente, encargadas de verificar el adecuado manejo de residuos peligrosos, contaminación de suelos, así como de impacto y riesgo ambiental.[xx]

Dado que el incumplimiento de la normatividad puede derivar en sanciones graves para las unidades económicas, el soborno puede ser una de las formas para evitar la imposición de sanciones. Durante 2016, en 7 de cada 100 inspecciones realizadas en el país se observaron actos de corrupción. Entre ellas, las inspecciones laborales llevadas a cabo por el IMSS tuvieron la mayor prevalencia de corrupción, con 13.9 por ciento del total de inspecciones realizadas por esa institución. Enseguida se encontraron las inspecciones ejecutadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con 10 de cada 100 inspecciones. En los otros tipos de inspecciones se reportaron menos de 5 por ciento de eventos de corrupción.

Por otro lado, el medio por el cual se realizan los trámites o inspecciones importa en la ocurrencia de corrupción. Se ha demostrado[xxi] que la automatización o servicios en línea para trámites, pagos de servicios o contratos gubernamentales, facilita no sólo el proceso sino que limita el contacto directo entre el personal de las oficinas públicas y quienes requieren el trámite, lo que disminuye el riesgo de corrupción.[xxii]

El 9.7 por ciento de los trámites realizados directamente en las oficinas gubernamentales implicaron algún acto de corrupción; mientras que en las oficinas temporales o móviles la frecuencia de corrupción fue de 3 de cada 100 trámites. En cambio, en menos del 1% de los trámites o pagos que se hicieron en cajeros automáticos, kioscos inteligentes, o los realizados vía internet se observaron eventos de corrupción.

EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN

Entre las consecuencias que la corrupción trae consigo son los costos monetarios directos o indirectos que afectan a las personas y a las empresas que se ven involucradas en este tipo de actos, y a la sociedad en general. Dentro de los costos directos se encuentra el dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para la entrega de regalos o favores que les son solicitados por los servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones. Los costos indirectos por su parte, pueden ser monetarios o no monetarios, los cuales se manifiestan de diferentes formas, por ejemplo, una disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que dificulta la libre competencia; una mayor desigualdad en la distribución de los recursos; o en una erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones, entre otros.

Pese a que es muy complejo medir todos los costos asociados a la corrupción, resulta importante tratar de aproximar su cuantificación para dimensionar el problema que representa en la sociedad. En este apartado se brinda una estimación del costo total y del costo promedio de los actos de corrupción, producto del soborno en que incurrieron la población en el año 2015 y las unidades económicas en el año 2016 al entrar en contacto con servidores públicos.

Si bien, el impacto económico de la corrupción fue mayor en la población que en las empresas, el costo promedio del soborno por agente fue superior en las empresas que lo observado en la población.

El costo promedio de un acto de corrupción fue de 2 799 pesos por adulto víctima de corrupción en 2015, mientras que el costo promedio por empresa víctima de corrupción fue de 12 243 pesos en 2016.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La implementación de planes o programas en contra de la corrupción son esenciales para prevenirla y sancionarla con eficacia. Investigaciones recientes señalan que la corrupción se puede dar al interior de las organizaciones por diferentes causas, algunas por ignorancia al no saber que ciertos actos son considerados como corruptos, o por actos que en determinadas circunstancias son vistos como corruptos y en otras no lo son, o en ocasiones se incurre en actos que temporalmente son asumidos como aceptables pero después bajo ciertas condiciones dejan de serlo.[xxiii] Por ello, es importante diseñar e implementar planes contra la corrupción que delimiten con claridad aquellos actos que son considerados como aceptados y aquellos que son una manifestación de la corrupción.

Al indagar la existencia de medidas contra la corrupción en las entidades federativas, se encontró que 50% de las entidades federativas habían implementado un plan o programa anticorrupción en 2015, destacando Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Sonora y Zacatecas como las entidades que reportaron haber cumplido con el total de sus metas planteadas en dichos planes o programas. Por su parte, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero estaban en proceso de integrar un plan o programa anticorrupción, mientras que Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo no contaban con un plan o programa de este tipo.

Como se expuso en la sección anterior, la prevalencia de la corrupción depende del tipo de trámite o servicio que se realice. Por ello es importante que las instituciones gubernamentales consideren en sus programas o planes anticorrupción los diferentes trámites o servicios que ofrecen y que son susceptibles de incentivar algún acto de corrupción, de tal manera que puedan ser monitoreados.

El número de entidades que incluían en sus planes o programas anticorrupción de 2015, algunos de los tipos de trámites realizados por las unidades económicas. Se observa que las compras al gobierno y el pago de impuestos se encuentran considerados en los planes de la mayoría de las entidades, lo que podría explicar por qué en este tipo de trámites se observa la menor incidencia de corrupción. En contraste, únicamente 13 estados incluyeron en sus planes el tema de infracciones de seguridad pública, que como se mencionó arriba, fue el tipo de trámite que presentó el mayor nivel de corrupción en 2016.

Debido a que los trámites relacionados con juicios laborales y/o mercantiles fueron el tercer tipo de trámite con mayor corrupción reportado por las empresas, también se presentan algunos de los temas que los Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura incluyeron en sus programas anticorrupción en 2015.

Del total de entidades, solo 16[xxiv] Tribunales estatales o Consejos de la Judicatura estatal reportaron tener en 2015 algún programa o plan anticorrupción, entre estos, lo relacionado con Jueces y/o Magistrados o sobre la actuación de Secretarios y/o actuarios fueron de los aspectos más considerados por las instituciones de impartición de justicia estatales en sus programas contra la corrupción.

Por su parte, la capacitación de servidores públicos con base en códigos de ética fue un tema considerado únicamente en 8 estados. Por su parte, solo 7 entidades reconocieron tener acciones para la identificación de trámites, servicios y/o procesos vulnerables a conductas de corrupción, así como la generación de disposiciones normativas para combatir la corrupción en el ámbito de la impartición de justicia, los cuales son importantes para dirigir las acciones anticorrupción y reducir los niveles de corrupción en los procesos y juicios en los que participan las empresas.

Respecto al porcentaje de servidores públicos de la administración pública estatal capacitados en materia de corrupción, se observa que la mayoría de las entidades reportaron en 2015 haber capacitado a menos de un tercio de sus servidores públicos. Únicamente Sinaloa y Nuevo León rebasan esta proporción, con 41.9% y 33.6% de servidores públicos capacitados, respectivamente. Por su parte, 22 entidades habían capacitado a menos del 15 por ciento de su personal en el tema, entre estas se encuentran: Baja California Sur, Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz que reportaron haber capacitado a menos del 1% de sus servidores públicos.

La información aquí presentada ofrece un esbozo del fenómeno de la corrupción como uno de los problemas más importantes para la sociedad mexicana, que afecta tanto a la población como a las empresas. Si bien es un problema que se observa y afecta a todas las regiones del país, existen brechas importantes en los niveles de corrupción entre las entidades federativas.

Asimismo, se revela que la corrupción no sólo está asociada al tipo de trámite o servicio que se demanda, siendo los relacionados con las autoridades de seguridad pública y justicia donde los riegos de actos de corrupción son mayores, sino también está asociada al tipo de lugar o medio por el que se realizan los trámites, siendo en las instalaciones de gobierno donde se observan las mayores prevalencias de corrupción frente a otras modalidades de atención, como los trámites en línea.

La información de los actos de corrupción en la población y en las empresas, permitió estimar los costos monetarios de la misma, cuyo costo promedio fue mayor para las empresas que para la población, aunque en el agregado, el impacto económico fue mayor para las personas que para el conjunto de las unidades económicas.

Con este documento se suma a los esfuerzos por subrayar la importancia de este día y crear conciencia sobre la magnitud e impacto que tiene el fenómeno de la corrupción en México.

Información completa en www.inegi.org.mx

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[i] David Arellano Gault, “Corrupción como proceso organizacional: comprendiendo la lógica de la desnormalización de la corrupción”, Centro de Investigación y Docencia Económicas. México, 2016, 811-812.

[ii] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Guía anticorrupción para las empresas. Basada en el estatuto anticorrupción. (Colombia,  ONUDC, 2017), 27

[iii] Antonio Argandoña, “La corrupción y las empresas”, (IESE Business School-Universidad de Navarra, España, 2007), 3

[iv] Idem.

[v] Joel Hellman y Daniel Kaufmann “La captura del Estado en las economías en transición” en Finanzas & Desarrollo, (Estados Unidos de América, Fondo Monetario Internacional, 2001), 31

[vi] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, (Estados Unidos de América, ONUDC, 2004), 60

[vii] David Arellano Gault, op. cit., 814

[viii] Fredrikson, P.G.; Volleberg, H.J., y Dijkgraff, E. (2004): “Corruption and energy efficiency in OECD countries: theory and evidence”, Journal of Environmental Economics and Management, 47(2): 207-231.y Dal Bo, E.,

[ix] Rossi, M.A. (2006): “Corruption and inefficiency: theory and evidence from electric utilities”, mimeo, disponible en http://emlab.berkeley.edu/users/webfac/bardhan/e271_f06/bo.pdf (consultado el 7 de noviembre de 2017)

[x] Méon, P.G., y Weill, L. (2005): “Does better governance foster efficiency? An aggregate frontier analysis”, Economics of Governance, 6(1): 75-90. En: goo.gl/Xk5ogB (consultado el 7 de noviembre de 2017)

[xi] Mauro, P. (1995): “Corruption and growth”, Quarterly Journal of Economics, 110: 681-712. En http://homepage.ntu.edu.tw/~kslin/macro2009/Mauro%201995.pdf (consultado el 7 de noviembre de 2017)

[xii] Knack, S., y Keefer, P. (1997): “Does social capital have an economic payoff? a cross-country investigation”, Quarterly Journal of Economics, 112: 1251-1288. En http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.335.208&rep=rep1&type=pdf (consultado el 7 de noviembre de 2017)

[xiii] Wei, S.J. (2000): “How taxing is corruption on international investors”, Review of Economics and Statistics, 82(1): 1-11. En http://users.nber.org/~wei/data/wei2000a/wei2000a.pdf (consultado el 7 de noviembre de 2017)

[xiv] Este cálculo no incluye a las unidades económicas de tamaño micro, debido a que la variabilidad de sus estimaciones no permite generar estimaciones confiables a este nivel de desagregación.

[xv] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental de Empresas, 2016 ENGRIGE. Marco Conceptual, (México: Instituto Nacional de Estadifica y Geografía, 2016) 2.

[xvi] Incluye juicios laborales o mercantiles y otros procesos judiciales laborales o mercantiles.

[xvii] Incluye alta patronal de trabajadores al IMSS, cuota patronal al IMSS e inscripción de trabajadores al INFONAVIT.

[xviii] Incluye inscripción al RFC, declaración y pago de ISR e IVA e impuesto sobre nómina.

[xix] Incluye conexión a la red eléctrica, pago ordinario de luz, conexión al sistema de aguas local, pago ordinario de agua potable y estudios de factibilidad de agua y drenaje.

[xx] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, op. cit., 36.

[xxi] Algunos ejemplos pueden encontrarse en Edgardo Campos y Sanjay Pradhan Las múltiples caras de la corrupción. Aspectos vulnerables por sectores. (Washington DC: Banco Mundial en coedición con Mayol Ediciones S.A., 2009).

[xxii] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, op. cit., 50.

[xxiii] David Arellano Gault, op. cit., 815

[xxiv] Las entidades cuyas instituciones de impartición de justicia que contaban con planes o programas anticorrupción eran: Baja California, Coahuila, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.